LEY 30 UNA ESPADA DE DOBLE FILO

La ley 30 de1992 que regula el quehacer de la educación pública, en principio pretendía un mejor funcionamiento de las universidades estatales, pero, con el pasar del tiempo los resultados han demostrado que dicha ley no es más que la muestra de la poca preocupación por parte del estado por la educación en nuestro país. Desde el año 1993 hasta hoy se le han hecho varias reformas a la ley 30 que han empeorado la situación de las universidades públicas en Colombia, a tal punto, que se ha pensado en una contra reforma que se convertiría en una sentencia de muerte a las universidades públicas y una puerta abierta a la hegemonía de las universidades privadas.

Primero, hay que tener en cuenta que la ley 30 trata a la educación pública como parte de la economía del país, aun cuando está demostrado que la educación es un pilar de la sociedad y por tanto debe tratarse con prioridad. La entrega de recursos por parte del estado a la educación basado en el incremento del IPC (índice de precios al consumidor) es el mayor problema al cual se ven enfrentadas las universidades públicas, esto, si al hablar de cobertura se trata. No podemos dejar atrás ni mucho menos olvidar que por esta manera del estado manejar los recursos de la educación “se ha creado una deuda que para el conjunto de universidades se estima sobrepasa los 500 mil millones de pesos” 1

Segundo, cuando la ley 30 declara la autonomía de las universidades, es la mayor muestra de que quienes gobiernan este país no están interesados en la educación, no solo a nivel de recursos económicos se está despreocupando sino también a lo que de supervisión y al control de las universidades se refiere. Esto se convierte en la mayor contradicción de la ley 30 porque cuando habla de autonomía de las universidades al decir:

“ARTÍCULO 28. La autonomía universitaria consagrada en la Constitución Política de

Colombia y de conformidad con la presente Ley, reconoce a las universidades el derecho a

darse y modificar sus estatutos, designar sus autoridades académicas y administrativas,

crear, organizar y desarrollar sus programas académicos, definir y organizar sus labores

formativas, académicas, docentes, científicas y culturales, otorgar los títulos

correspondientes, seleccionar a sus profesores, admitir a sus alumnos y adoptar sus

correspondientes regímenes y establecer, arbitrar y aplicar sus recursos para el cumplimiento de su misión social y de su función institucional.” 2

Así, está olvidando garantizar la calidad de la educación. La ley 30 se convierte en un fortalecimiento a las universidades privadas con la consecuencia de una desaparición lenta de las universidades públicas.

Sentencia de muerte a la educación pública:

A partir del año 2002 con la implementación de la tan nombrada “revolución educativa”, que a opinión nuestra no tiene nada de revolución porque no genera ningún cambio en la educación, empiezan el proceso de transformación en la manera de financiación de las universidades públicas ya definidas en la ley 30 de 1992. Es esto a lo que se le conoce como la “contra-reforma”.

Con esta contra-reforma no se hace más que sentenciar a las universidades públicas a desaparecer, puesto que los aumentos presupuestales son insuficientes y hasta “descarados”. Además con esta reforma los presupuestos dedicados a la promoción de la investigación e innovación se excluyen de la base presupuestal.

Si seguimos regidos por esta ley las universidades públicas llegarán, a tal punto, de tener que autofinanciarse y conseguir recursos por su propia cuenta, claro está que esto daría fin a la universidad pública en nuestro país puesto que los programas académicos que oferten dichas universidades públicas serán mucho más costosos que como los tenemos hoy en día –eso ya es mucho decir- para poder sostener la universidad.

Finalmente podemos decir que la ley 30 se ha convertido en la piedra de tropiezo en el camino a una educación pública de calidad capaz de competir a nivel internacional, no como quiere el gobierno que compita al novel de las empresas privadas con mayor número de carreras técnicas, sino con un alto nivel de profesionales y especializados capaces de competir a nivel internacional con otras carreras. La ley 30 no es más que una manera de “amarrar” a las universidades públicas a un “presupuesto”. Es inconsciente y “descarado”, como ya lo dijimos, creer que una universidad es capaz de sostenerse con un apoyo presupuestal que no se asemeja en lo más mínimo a la realidad a la cual se ve enfrentada la universidad pública; sin olvidar, que la educación en Colombia es un reto y una necesidad para un cambio y una transformación en la cruda realidad en la que se ve enfrentado nuestro país día tras día.

“Es necesario olvidarse del yo y empezar a pensar en los demás, solo así, llegaremos a un cambio que transforme y revolucione de manera concreta la educación en nuestro país.”

ERA